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SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

VICTOR GUSTAVO TERAN ACOSTA, STALIN ALFONSO VARGAS MEZA,  ELIBORIO FRANCISCO CELI SARMIENTO, LUIS VILLACÍS MALDONADO, ERNESTO GABRIEL CASTILLO GONZALEZ, LUIS MARIO DUTAN ANDRADE, ANTONIO WLADIMIR PEREA BLANC, JOSE MANUEL CHUSIN VEGA, Director Nacional, Diputados Nacionales principal y alterno del Movimiento Popular Democrático, respectivamente; Presidente del Frente Popular, Presidente de la Unión Nacional de Educadores, Presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, Presidente de la Federación Nacional Unica de Afiliados al Seguro Social Campesino, Presidente de la FUOS,  todos ecuatorianos, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, ante usted y por su intermedio a los H. Miembros del Tribunal Constitucional,  con los debidos respetos, por nuestros propios derechos , comparecemos y presentamos la siguiente demanda de inconstitucionalidad.

 I

Nuestros nombres son como queda anteriormente anotados.  Para notificaciones señalamos el Casillero Constitucional No. 3947 y designamos como nuestro Abogado Defensor al Dr. Hernando Morales Vinueza, para que a nuestro nombre y representación en calidad de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, suscriba todo escrito necesario en la presente causa.

 II

La demanda que deducimos tiene el objetivo de lograr que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los Arts: 2, 9, 10, 18, 72, 78, 103, 104, 129, 176, 167, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 222 y Disposición Séptima, de la “Ley de Seguridad Social”, publicada en el R.O. 465 del 30 de noviembre de 2001.  Para cumplir con lo que dispone el Art. 20 de la Ley de Control Constitucional se oirá el criterio del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República y del Dr. José Cordero Acosta, Presidente del H. Congreso Nacional a quienes se los citará con nuestra demanda y providencia recaídas en los lugares suficientemente conocidos  por el señor Actuario del Tribunal Constitucional, esto es, Presidencia de la República y Congreso Nacional, de esta ciudad de Quito.

 III

FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA

Antecedentes.-  La Segunda Disposición Transitoria de la Constitución Política de la República de 1998, dispone que de manera inmediata y urgente se inicie un profundo proceso de cambio sobre seguridad social, para lo que se designó una Comisión Interventora que debía elaborar en el plazo de seis meses “...un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social....”   Esta Comisión copió la Ley de Seguridad Social de Uruguay y lo presentó al Congreso Nacional con mucho tiempo de retraso. Es decir la Constitución mandó reformar y el resultado fue una nueva ley.

En el Seno del Congreso Nacional, aparentemente solo los Partidos Social Cristiano y Democracia Popular estaban de acuerdo con su contenido.  Los demás expresaron su oposición puesto que afectaba a los intereses de la seguridad social y lesionaba sus principios, en perjuicio de los afiliados y jubilados.

El amplio debate encontró trabas en  su aprobación, por el desacuerdo de las partes interesadas en temas fundamentales como la creación de los ACAPs, su administración, el control de los fondos de reserva, las prestadoras de salud, entre otros temas importantes.

 Pasaron tres años para la aprobación de la Ley de Seguridad Social, tal y conforme quería la Comisión Interventora, ratificada por la Comisión de Codificación y Legislación del Congreso, corregida y aumentada por el Pleno del Congreso y nuevamente corregida y aumentada por el Presidente de la República.

 El veto del Presidente de la República.- La Ley contenía 310 artículos, una disposición especial única, una disposición general, 25 disposiciones transitorias, 3 reformas y derogatorias y 1 artículo final.

 En toda esta normatividad el señor Presidente de la República, hizo 70 objeciones, entre las cuales el Congreso Nacional encontró, que algunas eran de inconstitucionalidad, por lo que tenía que abocar conocimiento y pronunciarse el  Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 154 de la Carta Magna.

Resolución Tribunal Constitucional.- En efecto, este alto organismo de control constitucional se pronunció mediante RESOLUCIÓN 209 – 2001 TP, sobre las disposiciones legales que eran consideradas inconstitucionales y aquellas que no fueron consideradas así.

 Una vez que se ha publicado la “Ley de Seguridad Social” en   el R.O. 465 del 30 de noviembre de 2001, se desprende que existen varios artículos inconstitucionales que deben ser declarados así, porque afectan a los afiliados y jubilados, a más de violar la Constitución Política de la República, como lo pasamos a demostrar:

1.     En el Art. 2, primero y último incisos aparece la palabra “solicitar la protección” cuando la Constitución en su Art. 57 prescribe que el Seguro General Obligatorio es derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y su familia.  Es inconstitucional porque se limita solo a “solicitar” un derecho constitucional obligatorio e irrenunciable, con lo que peligra la universalidad.

 2.    Uno de los temas más polémicos por su inconstitucionalidad y contenido es aquel que se halla en el Art. 10, literal d) de la Ley que dice:

  “Art. 10.- REGLAS DE PROTECCIÓN Y EXCLUSION.-  En la aplicación de los programas de aseguramiento obligatorio, se observan las siguientes reglas de protección y exclusión:

 d) El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado.  Sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la prestación;“

 El Art. 54 de la Constitución prescribe: “El Estado garantizará las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios.

.De donde vendrá a conocimiento de los H. Miembros del Tribunal Constitucional, que con la nueva ley, el afiliado es importante en tanto y en cuanto aporte al sistema de seguridad social, cuando deja de hacerlo se convierte “en contribución financiera del Estado” lo que a más de ser inconstitucional es inmoral.  Para llegar a ello se da una sui géneris interpretación del artículo 54 que nada tiene que ver con la materia que trata el Art. 10, literal d).

3.    El Art. 72, tercer inciso de la Ley plantea que “A partir de los 5 años y con una frecuencia no menor de 5 años, el afiliado tendrá derecho a que la empresa adjudicataria administradora de los fondos previsionales de su elección, le conceda préstamos colateralizados con su fondo de reserva a la misma tasa de interés que rinde el fondo más una comisión del 1% por una sola vez y por préstamo.  El plazo será hasta de 5 años, a elección del afiliado; la Superintendencia de Bancos y Seguros dictará la normativa necesaria para la aplicación de esta disposición”.

 El Art. 30 de la Constitución determina que la propiedad es un derecho que el Estado garantiza para la organización de la economía. Resulta, señores Miembros del Tribunal, que los afiliados aportan sus fondos de reserva, administran personas particulares, les cobran el 4% por esa administración y, como si fuera poco, les cobran el interés pasivo fijado por el Banco Central y un interés del 1% anual que le llaman comisión, lo cual es, inconstitucional, por lo que así se lo debe declarar.

 4.    En el Art. 78 se habla de “sanción penal”, si bien es cierto es un problema de la seguridad social la mora patronal, creemos que es inconstitucional que la Ley de Seguridad Social, mantenga una normativa propia del Código Penal, más todavía cuando el Art. 23, numeral 4 determina que no hay prisión por deudas.  Si se quiere recaudación inmediata lo que se tiene que hacer es cobrar en su oportunidad o proceder a la coactiva y el embargo inmediato de bienes, por lo tanto es inconstitucional.

 5.    En el Art. 103 y 104 aparecen con frecuencia las frases “con sujeción a los protocolos”,“enfermedades crónico degenerativas”, y “enfermedades catastróficas” , lo que conduce a desconocer elementales principios constitucionales.  La anterior ley ofrecía servicio de salud completa, la nueva ley la entrega restringida, limitada y, esto conlleva a la violación de los siguientes artículos de la Constitución Política: Art. 3, numeral 2, que se refiere a los deberes primordiales del Estado y que manda “asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la seguridad social”; El Art. 23, numeral 20, se refiere al derecho a una calidad de vida que asegure la salud;  Art. 35, numeral 3, se refiere a la intangibilidad de los derechos del trabajador y las medidas para su ampliación y mejoramiento, el numeral 4 que se refieren a la irrenunciabilidad de los derechos y la nulidad de toda estipulación que implique renuncia; y, el Art. 42 que tiene relación con el derecho a la salud.  Como se ve, se recortan derechos, se restringe la salud, por consiguiente es inconstitucional.

 6.    El Art. 129 determina la incorporación de nuevos afiliados al Seguro Social Campesino, que a nuestro juicio es inconstitucional por lo siguiente:

 El Art. 129 de la ley prescribe: “INCORPORACIÓN DE NUEVOS AFILIADOS.- La incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios de este Seguro deberá guardar relación directa con el crecimiento del número de afiliados al Seguro General Obligatorio y con las metas presupuestarias de gasto e inversiones para prestaciones de salud a los campesinos”. 

 De otro lado, el Art. 60 se refiere al Seguro Social Campesino que dice: “El seguro social campesino será un régimen especial del seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país.  Se financiará con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo.  Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

....”

 Como se observa en ninguna parte de la Constitución existe el condicionamiento para que el campesinado ingrese a su seguro, peor que éstos deban guardar relación directa con el crecimiento del número de afiliados al Seguro General Obligatorio y es ahí donde radica la inconstitucionalidad y así debe declarársela.

 7.     Porel Art. 176, ya se pronunció el Tribunal Constitucional, por atentar contra la solidaridad que todo sistema de seguridad social debe tener.  Sin embargo, el Congreso Nacional como una tomadura de pelo expresa su solidaridad en “limosna” y requiere de un nuevo pronunciamiento del Tribunal para determinar lo que se entiende por solidaridad, como lo demostramos con el siguiente ejemplo:

  Del gráfico anterior podemos deducir algunos aspectos:

 a.     Con la Ley vigente, tanto trabajadores, como empleadores, aportan por el monto de los ingresos totales; por ejemplo, si un trabajador gana $1.000 dólares, éste aporta el 9.35% ($ 93.5) y el empleador el 11.15% ($111.5), que es la forma de manifestación de la solidaridad, esto es, quienes más ganan, son solidarios con los que menos ganan.

 b.   El segundo nivel se halla comprendido entre los afiliados que ganan de $165 a $500, quienes aportarían el medio por ciento (0.5%) a favor de las personas comprendidas en el primer nivel.  En el mismo ejemplo, la persona que gana $1.000 en este nivel, debería aportar sobre $335, con lo que  el afiliado contribuiría  al régimen solidario con  0.16 y el empleador con 0.18 centavos de dólar.   En cambio, se acreditará para el trabajador $68.33. (el 99.5%), en su cuenta individual del afiliado.  

 c.   En el tercer nivel los trabajadores aportan para el nivel solidario intergeneracional el 1% y los empleadores el 5% sobre el excedente de $500.  En el mismo ejemplo de los $1.000, el excedente es $500, por lo que el trabajador aportará $5  y el empleador $25

 d.      Con la vigente ley, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recibe por concepto de aportes patronal-personal, en un sueldo de $1.000, $ 205.  Con la nueva ley el IESS tendrá ingresos de $64.16 por el sistema solidario intergeneracional y las aseguradoras administrarán $68.33, por el sistema de ahorro individual obligatorio que sumados estos dos valores nos da un total de $132.49 que a su vez, restados de los $205, da una diferencia de $72.50 , cantidad que constituye la navidad de empresarios y latisueldistas.

 8.     Los H. Miembros del Tribunal de manera errada emitieron un pronunciamiento en el sentido de que es inconstitucional que exista “una sola administradora de fondos de pensiones”

 El Art. 167, cuarto inciso dice:

 “La capitalización del ahorro individual obligatorio estará a cargo de la Comisión técnica de Inversiones del IESS, a través de la empresa adjudicataria administradora del fondo previsional, que tendrá a su cargo la entrega de las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, que este régimen concede, de acuerdo con esta ley”.

 Este contenido se encuentra a lo largo de toda la ley, que a nuestro juicio, es una norma fundamental que tiene una lectura diferente a lo que se halla prescrita en el artículo 58, tercer inciso  de la Constitución que dice:

 “Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias”.

 De donde se desprende que la Constitución es clara cuando dice  “podrá crear y promover”, en ninguna parte se refiere a que sea imperativo la formación de una o varias administradoras de fondos o a transferir a los particulares el manejo de los recursos de los afiliados.  Por esta razón es inconstitucional que aparezca una “empresa adjudicataria administradora del fondo previsional” o cualquier otra denominación que se la quiera dar.

 9.    En los artículos que van del 199 al 204 se establecen las condiciones para la determinación del monto de las prestaciones, fundamentalmente en el cálculo de las pensiones jubilares, que a no dudarlo, a más de inconstitucionales, son inmorales y tendrán un grave impacto social, toda vez que, el trabajador preferirá morir en su lugar de trabajo antes que retirarse, desechando los privilegios que prescribe el Art. 54 de la Constitución.

Ningún trabajador estará en condiciones de disminuir sus ingresos como trabajador activo para obtener una pensión jubilar equivalente al 50% del promedio de la base del cálculo.

 Solo a manera de ejemplo, si una persona aportó con la base imponible de $ 165 mensuales, a los 30 años recibirá una pensión jubilar de $ 82.50, el problema se ahonda cuando en el Art. 204, segundo inciso se establece un máximo de $ 82.5, de los $ 165, así tenga pasadas las cuatrocientas ochenta imposiciones mensuales de aportes.

Por las consideraciones anotadas, demandamos la inconstitucionalidad de los Arts. 199, 200, 201, 2002, 203 y 204 de la Ley.

 10.   En el Art. 222, tercer inciso, aparece la frase “La Función Ejecutiva determinará los topes tributarios máximos al monto o porcentaje de estos depósitos” .  De donde se desprende que es inconstitucional, por cuanto le faculta al Presidente de la República, establecer, modificar o extinguir tributos que deben existir por acto legislativo.  El problema se agrava cuando autoriza al Presidente de la República para fijar tributos al ahorro de los afiliados y jubilados, por lo que es inconstitucional al violar el Art. 257 de la Constitución Política.

 11.   Uno de los temas polémicos por su inconstitucionalidad es el relacionado con el Art. 274 que hace relación a los requisitos para que un afiliado se encuentre cesante.  De la manera como está redactado este atiende a la causa, no al efecto.  Haberse quedado sin trabajo implica una desgracia para el trabajador, por cualquier causa.  El momento que un trabajador se queda sin trabajo tiene que alimentarse él y su familia y estaría impedido de hacerlo porque los requisitos no son aquellos consignados en este artículo, lo cual determina, no solo en la inconstitucionalidad, sino en el absurdo. Por lo tanto, hay que declararlo así.

 12.   La disposición transitoria SÉPTIMA, en concordancia con el último inciso de los artículos 2 y 9 que se refieren al Seguro Social Campesino, contienen varias inconstitucionalidades a saber:

 a.     Los artículos 2 y 9, último inciso traen una definición de campesino, muy alejada de lo que señala el Art. 60 de la Constitución, situación que a más de violar la Carta Magna, desdice  la realidad social ecuatoriana. Indudablemente, la definición constante en los artículos señalados, apunta a que los campesinos, por miedo a perder su seguro, se vean imposibilitados de buscar y conseguir trabajo, fuera de la comunidad a la que se pertenecen, por lo que cual, obligatoriamente, deben emplear su fuerza de trabajo en un huasipungo o pequeño pedazo de tierra, lo que, a más de ser inconstitucional, es absurdo. Doblemente  inconstitucional, por violar el artículo 23, numerales 14 y 17 que se refieren al derecho de transito y de trabajo libres.

 b.     La disposición séptima trae la siguiente frase: “... el aporte de los miembros de la familia asegurada...” de donde se deduce que existen varios miembros de la familia que aportan, aunque, de acuerdo con la ley, solamente el jefe de familia es beneficiario de algunas prestaciones, lo que es inconstitucional, por cuanto viola el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 23, numeral 3. Cualquier miembro que reúna los requisitos de incorporarse al Seguro Social Campesino, puede hacerlo para protegerse a sí mismo y asegurar su vida.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Con los fundamentos de hecho señalados, vendrá a su conocimiento y de los H. Miembros del Tribunal Constitucional, claras violaciones a la Constitución que se sintetizan en lo siguiente:

 1.     Violación del Art. 57, tercer inciso, puesto que en la Ley de Seguridad Social, el Art. 2 se limita a “solicitar”, mientras que en la Constitución se determina que la seguridad social es un derecho irrenunciable.

 2.     Violación del Art. 57, que determina que el Seguro General Obligatorio cubre todas las prestaciones y en ninguna parte de la Constitución determina que el jubilado se convierta en una carga financiera del Estado.  Hay una sui géneris interpretación del Art. 54 que nada tiene que ver con lo que se trata en el contenido del Art. 10, literal d).  Un jubilado aporta durante 30 años o más para convertirse en carga financiera del Estado, lo que es inconstitucional por el lado que se lo mire.

 3.     Violación del Art. 30 de la Constitución, por el contenido del Art. 72.

 4.     Violación del Art. 23, numeral 4 en razón de la inconstitucionalidad constante en el Art. 78.

 5.     Violación de los Arts. 3, numeral 2; 23 numeral 20; 35, numerales 1, 3 y 4; y, 42 entre otros, por cuanto determina la existencia de una salud restringida y limitada, por lo que pedimos sean declarados los Arts. 103 y 104 como inconstitucionales.

 6.     La inconstitucionalidad del Art. 129 por cuanto viola el principio de igualdad ante la ley y la restricción del ingreso de los campesinos al sistema de seguridad social, consagrados en los Arts. 23, numeral 3 y 60 de la Constitución.

 7.     Inconstitucionalidad del Art. 176 por violar el principio de la solidaridad constante en el Art. 56 de la Constitución.

 8.     Inconstitucionalidad del Art. 168, inciso cuarto, entre los demás que en caso de así declararlo deberán ser reformados, por cuanto viola el contenido del Art. 58 de la Constitución.

 9.     Violación del Art. 54, porque los artículos 199, 200, 201, 202, 203 y 204 de la ley, alteran su precepto.

 10.   Inconstitucionalidad del Art. 222, por cuanto otorga al Presidente de la República la facultad de crear establecer, modificar o extinguir tributos al ahorro de los afiliados, por lo tanto, viola el Art. 257 de la Constitución.

 11.   Inconstitucionalidad de la disposición transitoria séptima en concordancia con el artículo 2 y 9, por violar el artículo 23 de la Constitución.

 PETICIÓN

 Con los fundamentos de hecho y de derecho constantes en esta demanda y amparados en lo que dispone el Art. 276, numeral 1 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el Art. 18 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, demandamos la inconstitucionalidad de los Arts. 2, primero y segundo incisos; 10, literal d); 72, 78, 103, 104, 129, 168, 176, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 222, Disposición Séptima, en concordancia con los Art. 2 y 9 de la Ley de Seguridad Social, publicado en el R.O. 465 del 30 de noviembre de 2001, cuyo original acompañamos.

 Una vez declarada la inconstitucionalidad, como lo dispone el Art. 276 pedimos se suspenda totalmente sus efectos.

 Como queda dicho, nuestras notificaciones las recibiremos en el casillo constitucional No.3947, correspondiente a nuestro abogado defensor el Dr. Hernando Morales Vinueza, profesional a quien facultamos para que a nuestro nombre y representación suscriba todo escrito necesario en esta causa.

 Usted señor Presidente se servirá ordenar las diligencias procesales que considere conveniente.

 Firmamos con nuestro Abogado patrocinador.

  Víctor Gustavo Terán Acosta                     Stalin Alfonso Vargas Meza

DIRECTOR NACIONAL MPD                       DIPUTADO NACIONAL MPD

    Francisco Celi Sarmiento                                     Luis Villacís Maldonado

DIPUTADO NACIONAL (A)                       PRESIDENTE FRENTE POPULAR

    Ernesto Castillo González                                         Luis Dután Andrade

PRESIDENTE UNE NACIONAL                   PRESIDENTE DE LA UGTE

    Antonio Perea Blanc                                         José Chusing

PRESIDENTE FEUNASSC                                      PRESIDENTE FUOS

  

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